Ahora que contemplamos la posibilidad de dejar atrás y para siempre la nociva mezcla de armas y política y que anhelamos con esperanza el poder gozar de una lucha dialéctica donde el único instrumento de ataque y defensa sea el argumento, me puse en la tarea de consultar el capítulo sobre violencia política del mapa de riesgo electoral que realiza la Misión de Observación Electoral (MOE). A pesar de que hay mejoría, lo que encontré no da para celebraciones.
La intimidación y la supresión física del oponente son prácticas que siguen arraigadas en la política colombiana. La MOE habla de un total de 83 hechos de violencia política cometidos entre el 01 de enero de 2015 y el 25 de julio de 2015. Por hechos de violencia política se refiere a amenazas, atentados, asesinatos y secuestros cometidos en contra de candidatos, funcionarios públicos o directivos de partidos y movimientos políticos. Si se comparan los datos con los obtenidos durante el mismo periodo del año 2011, se puede ver una reducción en el número de hechos violentos del 38%.
Los hechos de violencia política se presentaron en 52 municipios, ubicados en 24 departamentos. El 52% de esos hechos violentos se concentran en Putumayo, Tolima, Antioquia, Córdoba y Chocó. En 24 de esos 52 municipios hay presencia de grupos armados (Farc, Eln y Bandas Criminales), pero la MOE concluye que la violencia política “no obedece a patrones geográficos” ni está relacionada directamente con el conflicto armado sino que es una “práctica generalizada” en todo el país. Es decir, la violencia es utilizada como instrumento político a lo largo y ancho de Colombia y es independiente, en su mayoría, del conflicto armado. Cabe resaltar que el Quindío es uno de los pocos departamentos que no registró hechos de violencia política en el periodo estudiado.
El 75 % de los hechos de violencia política registrados por la MOE corresponden a la amenaza. Es decir, mediante una advertencia se busca que los candidatos no participen de la contienda electoral y que funcionarios públicos cambien posturas y decisiones. El 11% de la violencia política corresponde al asesinato, el 10% a atentados, el 4% a secuestros y el 1% a desapariciones. Estos casos afectaron a la mayoría de partidos y movimientos políticos y no se concentran sobre alguno en particular. Es decir, la violencia no se dirige hacia una orientación política en específico, sino que se utiliza de forma generalizada por grupos de diversa índole para satisfacer sus intereses.
Es importante mencionar que la violencia, según lo informa el mapa de riesgo electoral de la MOE, no se limita a la coyuntura electoral, sino que pretende incidir sobre el direccionamiento de las políticas públicas; lo que explica los hechos violentos presentados en contra de funcionarios públicos.
Desafortunadamente, la violencia es un instrumento con el que se sigue haciendo política en Colombia y constituye un atentado directo contra el sistema democrático.